El reciente debate en torno a la denominada “ley de amarre” abre la puerta a examinar un aspecto poco abordado en el discurso regional: los impactos culturales derivados de la alta dependencia estatal en el desarrollo de Aysén. A partir de un diagnóstico a nivel nacional, se observa que el Estado atraviesa un verdadero laberinto en materia de empleo, pues según datos del INE, el crecimiento de los asalariados públicos supera al del sector privado sin lograr mejoras en la eficiencia, situación que incluso el Banco Mundial considera un retroceso desde 2014. Existe, tanto en círculos de pensamiento de izquierda como de derecha, consenso en que el empleo público amerita reformas profundas, y medidas como el “amarre” parecen alejarse de este objetivo.
La importancia de este fenómeno para Aysén resulte evidente al considerar la fuerte dependencia de su aparato fiscal, lo que significa que cualquier variación en el empleo público tiene consecuencias significativas, llegando a generar efectos culturales en la sociedad aysenina. La propuesta de reformar el sector público se erige como la intervención de mayor impacto, dado que en el centro de Coyhaique conviven en espacios reducidos funcionarios competentes con otros que hacen uso de licencias médicas fraudulentas, aplican la ley del mínimo esfuerzo amparada en la inamovilidad, y se observa una rotación de operadores políticos conforme a cada gobierno, sin olvidar el poder de veto que ostentan algunos gremios.
Más allá de la eficiencia en la ejecución de obras, la inversión en personal es determinante para el quehacer diario de cerca del 38% de la población, que vive inmersa en la lógica del derecho público. Esta realidad no ha impulsado la adopción de valores de integridad y probidad en el sector público, sino que ha tendido a extender prácticas burocráticas al privado y al ámbito social. Tres ejemplos colaboran para ilustrar este fenómeno: en primer lugar, en algunos gremios privados se actúa de forma similar al servicio público, priorizando la creación de mesas de trabajo y capacitaciones ante cualquier eventualidad, en lugar de explorar alternativas innovadoras. En segundo lugar, el ecosistema emprendedor se ve frenado por la inmediatez de recurrir a fondos estatales como CORFO o Sercotec, lo cual impone una estructura burocrática que puede distorsionar o incluso extinguir iniciativas antes de evaluar su viabilidad en el mercado. Finalmente, los espacios destinados al debate regional se asemejan a clases de derecho administrativo, centrando la discusión en normativas y trámites más que en asuntos políticos de fondo.
No se trata de imputar malas intenciones, sino de reconocer que se trata de un arraigo cultural, muchas veces inconsciente, en el que el aysenino tiende a replicar comportamientos propios del sector público, incluso al desempeñarse en ámbitos privados. Esta mentalidad, en definitiva, define y en ocasiones limita el progreso de la región, por lo que resulta crucial realizar una reflexión profunda y reconocer esta imagen que se proyecta a sí misma en cada acción y decisión.
Autor: Roberto Sánchez