El 10 de junio, la Sala del Senado dio su aprobación a la reforma al sistema político, ingresada el 27 de noviembre de 2024 y promovida por un grupo transversal de senadores que abarca desde el PS hasta la UDI. La propuesta fue trasladada al segundo trámite en la Cámara Baja, siendo asignada a la Comisión de Constitución el 11 de junio, y posteriormente, el 16 de septiembre, dicha instancia despachó la iniciativa, la cual aún espera ser abordada en la Sala. Inicialmente catalogada con suma urgencia, la tramitación del proyecto ha perdido impulso y prioridad en el actual contexto.
Durante este intertanto, pese al consenso sobre la necesidad de reajustar el sistema político, la campaña electoral disipó el ímpetu de los principales promotores, ya que ni los candidatos presidenciales ni los parlamentarios centraron su agenda en este tema. En paralelo, el Gobierno presentó su propia propuesta, diseñada para fortalecer la gobernabilidad y la representatividad mediante modificaciones a varios cuerpos legales. La iniciativa, ingresada al Senado el 30 de junio, fue despachada recientemente por la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta y podría someterse a votación en Sala el martes 16. De ser aprobada, pasaría a la cámara revisora en un segundo trámite, coincidiendo con el receso de fin de año.
Ambos proyectos tienen como meta principal dotar al Congreso de una gobernabilidad más robusta y frenar la creciente fragmentación, especialmente en la Cámara de Diputados, que en periodos recientes se ha mostrado cada vez más rebelde. Mientras la moción parlamentaria propone, por ejemplo, un umbral del 5% o un mínimo de ocho parlamentarios para que un partido obtenga representación en la Cámara, además de sancionar a quienes abandonen el partido por el que se postularon, la ministra de la Secretaría de la Presidencia, Macarena Lobos, explicó que esta moción se enfoca exclusivamente en el proceso electoral y no aborda los problemas surgidos en el periodo posterior, como la creación de nuevos partidos y el quiebre de bancadas.
Consciente de estas deficiencias, el Ejecutivo optó por complementar la discusión con un proyecto que busca fortalecer la estructura partidaria mediante modificaciones legales orientadas a mejorar la gobernabilidad sin sacrificar la representación. Entre sus medidas destaca la eliminación del financiamiento estatal para partidos sin representación parlamentaria, la exigencia de que las colectividades políticas se constituyan en al menos ocho regiones y la obligación de que, para acceder al financiamiento público, un partido debe haber participado en una elección y contar con al menos un parlamentario. Asimismo, se ha regulado la permanencia de diputados y senadores en los comités parlamentarios desde el inicio del periodo, bajo la amenaza de perder su escaño si deciden cambiar de comisión. Finalmente, senadores como Ximena Rincón y Matías Walker han insistido en que los partidos políticos deben rechazar enérgicamente cualquier forma de violencia como método de acción política.
Autor: Jorge Rojas